Casi treinta años después, el régimen de Jesús Gil ajardinó una Marbella dejada de la mano de Dios, obnubilando a marbellíes y residentes, pero liquidando gran parte de la estructura básica de su territorio (equipamientos, zonas verdes, etc…). Milagrosamente, Tiempo Libre se salvó, no por amor al medio ambiente, sino porque de mejor carnaza disponían los depredadores urbanísticos.

Aquel holocausto urbanístico marcó un ‘nunca más’ a ese expolio con el compromiso ‘moral’ de recuperar de alguna forma ese equipamiento y espacios libres de que fue privada la Ciudad de Marbella sin compensación alguna, salvo las limosnas que recibieron del ‘caso Malaya’. El tiempo pasó, y como el dinero y los políticos tienen mala memoria, pues pelillos a la mar. Parece que el PGOM, descalificando este Sistema General y otros muchos más, juega en otra liga.

El urbanismo es una actividad pública para el beneficio del interés general, pero siguiendo rectamente el camino de la legalidad. La tutela que le encomienda la ley a los políticos no es vía libre para actuar como les venga en gana sin seguir los protocolos y procedimientos que se prevén en la ley. La Constitución en su Art. 9.3 proclama el principio de interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, basándose en un Estudio de Ordenación no sólo no aprobado, sino no siendo instrumento idóneo para lo pretendido ya que se requiere imperativamente una innovación del planeamiento, publica a bombo y platillo: «La transformación de la Residencia Tiempo Libre de Marbella generará cuatro millones de euros anuales: Los beneficios del uso del inmueble se podrán destinar a servicios básicos para los ciudadanos en sanidad o educación».

La sanidad y la educación deben mejorarse con una buena gestión del presupuesto y no engatusando al ciudadano con un destino indeterminado del rendimiento a costa de mermar más aún la sostenibilidad ya debilitada de este municipio. La Junta de Andalucía no está legitimada para la actuación que pretende porque es órgano garante y responsable de una Andalucía sostenible en sede de medioambiente, urbanística y cultural.

Este conjunto edificatorio protegido no está en disposición de soportar 30.000 m² más de techo por mucho que deje cuatro millones de renta. ¿Realmente se necesitan más hoteles? ¿No hay otro espacio alternativo? ¿Cultura está al tanto? ¿Qué dice Fomento? Estamos ante una privatización encubierta de los equipamientos públicos negándoseles la carta de naturaleza que les atribuye la ley.

Un Sistema General es parte de la estructura orgánica del municipio y no puede ser eliminado sin más en favor de un uso lucrativo como es el hotelero. Insistimos que razones de forma impiden utilizar el Estudio de Ordenación cuando ni siquiera se ha innovado lícitamente el vigente PGOU 1986. Pero ojo, utilizar el PGOM/POU tampoco es el camino, por pretenderse una solución incongruente y un uso abusivo del ‘ius variandi’.

Ni la Junta de Andalucía puede mantener ese concurso, ya que hoy por hoy solo hay una expectativa de descalificación del Sistema General, ni tampoco el Ayuntamiento de Marbella puede hacer uso del Estudio de Ordenación a su antojo alterando caprichosa y extemporáneamente el sistema general. El Ayuntamiento no debe olvidar que utilizando interpretaciones artificiosas y apartándose de la finalidad que establece la ley -preservar los equipamientos y espacios libres- no solo es un acto de deslealtad al pueblo de Marbella, sino también una actuación arbitraria e incongruente con el espíritu de la ley.

A pesar de las experiencias pasadas, esperamos que el sentido común prevalezca.